También discutimos una pregunta de fondo: ¿cómo puede una Constitución adaptarse sin perder las garantías que protegen a la ciudadanía? Una conversación sobre las reglas del país y su relación con nuestro trabajo, nuestras oportunidades y nuestras libertades. El Libro La Constitución como límite del poder partidario, de Ruth Lafosse. Durante la conversación, la autora señala que podés encontrarlo en Metromedia.

Sobre la Invitada LinkedIn de Ruth Lafosse: https://www.linkedin.com/in/ruth-lafosse-311a7956/

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Sin embargo, cuando revisas el marco jurídico hondureño, surge una pregunta interesante: ¿Qué tan efectivos son realmente los NDA en Honduras?

Un contrato válido, aunque no exista una ley específica sobre los NDA

La primera respuesta es relativamente sencilla.

En Honduras no necesitas una ley específica que “cree” o autorice los acuerdos de confidencialidad. La libertad contractual reconocida por la legislación civil y comercial permite que las partes acuerden obligaciones de confidencialidad.

Además, la Ley de Propiedad Industrial contempla la protección de los secretos industriales. Su artículo 73 establece un marco para proteger determinada información que tiene valor precisamente porque no es pública. Esto significa que un NDA puede tener fundamento jurídico dentro del sistema legal hondureño, aun cuando no exista una regulación específica dedicada exclusivamente a este tipo de contrato.

¿Qué ocurre cuando buscas casos ante los tribunales?

La pregunta se vuelve más interesante cuando buscas casos en los que un acuerdo de confidencialidad haya sido llevado ante los tribunales hondureños. En las fuentes revisadas para esta investigación, no encontramos sentencias ni jurisprudencia asentada sobre incumplimientos de NDA.

Esto plantea una nueva pregunta: ¿Por qué? Una posible explicación está en la naturaleza misma de estos acuerdos. Los NDA suelen utilizarse para proteger información comercial, tecnológica o estratégica; es decir, información que una empresa considera confidencial y cuya divulgación podría generarle un perjuicio.

Si la actividad relacionada con propiedad intelectual y secretos empresariales en el país ha sido históricamente limitada, más allá de ámbitos como las marcas y las oposiciones, es razonable preguntarte cuánto se ha puesto realmente a prueba este régimen ante los tribunales.

El desafío de demostrar una violación

También existe un problema práctico. Detectar una violación de confidencialidad puede ser difícil. Pero demostrarla ante un tribunal puede ser todavía más complejo. En una disputa de este tipo, podrías tener que demostrar, entre otras cosas:

• Que la información era realmente confidencial.
• Que existía una obligación de protegerla.
• Que la información fue divulgada o utilizada indebidamente.
• Que esa divulgación o utilización produjo un daño.

Cada uno de estos elementos puede representar un desafío probatorio. Por eso, la ausencia de sentencias no necesariamente significa que los NDA no sean efectivos.

La falta de jurisprudencia no significa falta de protección

Que no existan suficientes casos públicos o jurisprudencia asentada sobre NDA en Honduras no permite concluir, por sí solo, que estos acuerdos carezcan de valor. También puede significar que el sistema jurídico hondureño simplemente no ha tenido suficientes oportunidades para poner a prueba cómo resolvería una disputa de este tipo.

Los conflictos pueden resolverse antes de llegar a juicio, mantenerse fuera del conocimiento público o, simplemente, no alcanzar un volumen suficiente como para generar una línea jurisprudencial consolidada.

Más prevención que litigio

En la práctica, los NDA probablemente cumplen una función importante incluso antes de que ocurra un conflicto. Su valor puede estar, en gran medida, en la prevención y la disuasión. Al establecer claramente qué información debe mantenerse confidencial y cuáles son las obligaciones de cada parte, el acuerdo puede ayudar a reducir riesgos y establecer expectativas claras desde el inicio de una relación comercial.

Esto no significa que un NDA garantice automáticamente la protección de toda la información. Su efectividad dependerá también de cómo esté redactado, qué información cubra y de las circunstancias específicas de cada caso. Pero su ausencia en los tribunales no debería interpretarse automáticamente como una señal de que no funciona.

A veces, el valor de una herramienta jurídica también está en evitar que el conflicto llegue a producirse.

Investiga con fuentes verificables

La investigación jurídica no consiste únicamente en encontrar una respuesta. También consiste en identificar qué puedes verificar, qué fuentes respaldan una conclusión y qué información no ha sido posible confirmar.

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La firma electrónica ya no consiste únicamente en reemplazar una firma manuscrita por un clic. Hoy implica identidad digital, autenticación, trazabilidad y evidencia capaz de sostenerse ante un tribunal.

Durante la conversación exploramos cómo funcionan los distintos tipos de firma electrónica, qué valor probatorio tienen, cómo prevenir la suplantación de identidad y por qué la evidencia digital se está convirtiendo en un elemento esencial para la seguridad jurídica de los negocios.

En este episodio aprenderás:

• La diferencia entre firma electrónica simple y firma electrónica avanzada.
• Qué hace que una firma electrónica tenga valor probatorio.
• Cómo funciona la identidad digital en Latinoamérica.
• Qué evidencia genera una plataforma de firma electrónica.
• Cómo se demuestra la autenticidad de un contrato digital.
• Qué papel juegan la biometría, OTP, WhatsApp y otros mecanismos de autenticación.
• Cómo enfrentan los tribunales las pruebas digitales.

Si trabajás en un equipo legal, compliance, recursos humanos, banca, fintech o simplemente querés entender cómo evoluciona el derecho en la era digital, este episodio es para vos.

Invitado: Javier Hasbun Fundador y CEO de Tu Firma.Digital https://www.tufirma.digital

El Decreto No. 127-2026, publicado en La Gaceta No. 37,184 del 3 de julio de 2026, establece la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, cuyo propósito central es crear un Registro Centralizado de Beneficiarios Finales (RCBF) administrado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). La ley responde directamente a las Recomendaciones 24 y 25 del GAFI y a las deficiencias identificadas en la evaluación mutua que GAFILAT realizó a Honduras en 2015, que evidenció la ausencia de un mecanismo centralizado de identificación de beneficiarios finales de personas jurídicas y estructuras jurídicas.

II. Elementos estructurales clave

Sujetos obligados (Art. 4):

• Sociedades mercantiles nacionales o extranjeras inscritas en el Registro Mercantil del Instituto de la Propiedad
• Estructuras jurídicas con o sin personería jurídica
• Entidades o empresas públicas en las que el Estado no tenga el 100% de participación

Exclusiones (Art. 5):

• Entidades 100% estatales (salvo alianzas público-privadas y fideicomisos con participación pública)
• Embajadas, misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados
• Fondos soberanos y entidades públicas extranjeras que inviertan en Honduras

Umbral de control (Art. 6): Se considera beneficiario final a quien posea directa o indirectamente el 25% o más del patrimonio, o quien ejerza control efectivo por medios distintos a la propiedad (poder de designar administradores, decisiones financieras u operativas, etc.).

Autoridad de control: La CNBS, que también evalúa y autoriza el acceso por "interés legítimo" mediante resolución motivada y lleva registro auditable de consultas.

III. Normativa relacionada y potenciales tensiones

A. Ley Especial Contra el Lavado de Activos y su Reglamento — Relación directa y complementaria

El Decreto 127-2026 es una extensión natural del régimen anti lavado hondureño. El Art. 55 del Reglamento del Régimen de Obligaciones (019-2016) establece la obligación de monitoreo continuo de clientes y actualización de información de debida diligencia, y el Art. 58 del mismo reglamento regula la determinación de sospecha y obligación de reportar operaciones inusuales al Funcionario de Cumplimiento. El RCBF vendría a fortalecer precisamente la base de datos sobre la cual los sujetos obligados del sistema financiero deben aplicar esas medidas: sin información verificada sobre beneficiarios finales, el monitoreo del Art. 55 y el reporte del Art. 58 operan con una brecha de información estructural que esta ley busca cerrar.

Tensión potencial: La ley asigna a la CNBS como única Autoridad de Control (Art. 3, numeral 2), pero el reglamento 019-2016 ya establece un régimen de cumplimiento propio para instituciones supervisadas. Será necesario armonizar si las obligaciones de reporte al RCBF sustituyen, complementan o se superponen con los reportes al Funcionario de Cumplimiento previstos en el Art. 58, evitando duplicidad de cargas o conflictos de competencia.

B. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública — Relación y tensión relevante

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Decreto 170-2006) es el marco general de publicidad y reserva de información del Estado. El Decreto 127-2026 crea un registro con acceso restringido por "interés legítimo" evaluado caso a caso por la CNBS (Art. 3, numeral 10), lo que introduce un régimen de acceso diferenciado que coexiste con los principios de publicidad y transparencia de esa ley general.

La Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional (Decreto 418-2013), que fue derogada por la Reforma publicada en Gaceta 35,873 de 2022, establecía categorías de reserva. Aunque esa ley está derogada, su derogación refuerza que el régimen general de reserva de información pública hoy descansa en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el IAIP como ente competente para autorizar clasificaciones. El Decreto 127-2026, al delegar en la CNBS y no en el IAIP, la autorización de acceso al RCBF, podría generar una tensión competencial entre ambas instituciones respecto a qué entidad rige el acceso a información de carácter público-registral.

C. Código de Comercio y normativa registral (Instituto de la Propiedad)

El Art. 4 del Decreto 127-2026 vincula la obligación de registro al hecho de estar inscrito en el Registro Mercantil del Instituto de la Propiedad. Esto genera una interfaz directa con el Código de Comercio hondureño (Decreto 73-1950) en cuanto a las obligaciones de inscripción, modificación y publicidad de las sociedades mercantiles. La ley no precisa si la inscripción en el RCBF es condición para la vigencia o para el ejercicio de ciertos actos jurídicos, lo que podría crear fricciones con el régimen registral mercantil si, por ejemplo, se impone una inhabilitación de hecho a sociedades no registradas en el RCBF para celebrar ciertos contratos o acceder a servicios financieros.

D. Ley del Sistema Financiero y supervisión de la CNBS

La concentración de funciones en la CNBS como Autoridad de Control del RCBF amplía significativamente sus atribuciones más allá de la supervisión prudencial tradicional. Esto deberá ser compatible con su Ley Orgánica y con la Ley del Sistema Financiero, que definen su mandato institucional. Si el RCBF incluye información de entidades no supervisadas por la CNBS (p. ej., sociedades mercantiles no financieras), se abre la pregunta sobre la extensión de sus poderes de fiscalización sobre sujetos que históricamente no estaban bajo su órbita.

E. Ley Orgánica del Presupuesto y requerimiento de Análisis de Impacto Fiscal

La Gaceta 35,361 establece que toda iniciativa de ley del Poder Ejecutivo que implique un aumento presupuestario debe contar con un Análisis de Impacto Fiscal (AIF) emitido por la Secretaría de Finanzas. Si bien el Decreto 127-2026 proviene del Congreso Nacional, la creación y operación del RCBF bajo la CNBS implicará costos institucionales. Aunque la exigencia del AIF aplica formalmente a iniciativas del Ejecutivo, es buena práctica y puede ser requerida durante el proceso presupuestario que la CNBS presente una estimación del impacto operativo de asumir esta nueva función.

Aunque muchas veces los activos digitales se ven como un tema lejano o especulativo, en la práctica ya están siendo utilizados para pagos internacionales, servicios, movimientos de dinero entre empresas y operaciones que buscan menor fricción, menor costo y mayor velocidad que el sistema financiero tradicional.

La conversación aborda el vacío regulatorio actual en Honduras, la circular emitida por la CNBS, los riesgos de operar fuera del radar del Estado, el impacto fiscal y monetario, y las oportunidades que podría abrir una regulación adecuada para el país. En este episodio hablamos sobre:

• Qué tan común es el uso de Stablecoins en Honduras.
• Por qué empresas y personas están usando USDT, USDC y otros activos digitales.
• Las diferencias entre transferencias bancarias tradicionales y transacciones en blockchain.
• El estatus legal actual de los activos digitales en Honduras.
• El impacto de la circular de la CNBS sobre criptoactivos.
• Los riesgos para el Estado al no tener visibilidad sobre estas transacciones.
• El impacto tributario y de fiscalización para el SAR.
• Los retos legales de pactar pagos o contratos en stablecoins.
• Qué puede aprender Honduras de países como El Salvador, México, Brasil y Bolivia.
• Por qué un sandbox regulatorio podría ser una ruta para comenzar a ordenar el ecosistema.

Invitado José Guillermo Handal: Abogado con experiencia en estructuración corporativa, temas financieros y análisis regulatorio. Pregunta central del episodio ¿Qué pasa cuando una economía empieza a moverse más rápido que su regulación?

Parámetros Normativos y Definiciones

La ley define el trabajo a tiempo parcial como aquel que se ejecuta en una jornada situada estrictamente entre las dieciocho (18) y las treinta y dos (32) horas semanales. El eje central de la normativa es el principio de proporcionalidad, el cual dicta que los derechos económicos y beneficios laborales se reconocen en función de la jornada efectivamente laborada, sin que esto implique una reducción en las garantías sociales fundamentales.

Condiciones operativas fijadas por la ley:

• Previsibilidad y Horarios: La jornada puede ser continua o distribuirse en días específicos. Cualquier cambio en la planificación debe notificarse al trabajador con al menos cuarenta y ocho (48) horas de antelación, salvo casos de fuerza mayor.
• Descansos Obligatorios: En jornadas diarias continuas que excedan las cinco (5) horas, se debe conceder un descanso mínimo de treinta (30) minutos.
• Séptimo Día: El pago de este concepto solo es exigible si el trabajador labora al menos cinco (5) días dentro de la semana respectiva.

Procedimientos de Implementación para Empresas

Para la validez de esta modalidad, el empleador debe cumplir con requisitos formales que eviten la presunción de una relación a tiempo completo.

1. Formalización del Contrato: Debe celebrarse por escrito antes del inicio de labores, detallando el salario por hora, la distribución de la jornada y, en casos de plataformas digitales, los sistemas de asignación de tareas.
2. Registro Administrativo: Es obligatorio registrar los contratos ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS). El plazo es de treinta (30) días calendario para contratos de larga duración y de quince (15) días hábiles para contratos menores a un mes.
3. Sistemas de Control: La ley exige un registro estricto de entradas y salidas que reporte la jornada diaria efectuada.
4. Seguridad Social: La afiliación al IHSS y al RAP es obligatoria. Mientras la cotización del trabajador es proporcional a su salario, la cotización patronal al IHSS debe cubrir el mínimo operativo requerido por la institución.

Casos de Aplicabilidad y Limitaciones Técnicas

La normativa establece escenarios claros donde la modalidad es viable y donde su uso genera riesgos de desnaturalización del contrato.

Condiciones de uso:

• Remuneración: El valor de la hora no puede ser inferior a la base horaria del salario mínimo vigente. Beneficios como vacaciones, décimo tercero y décimo cuarto mes se calculan de forma proporcional al salario ordinario o la jornada pactada.
• Pluriempleo: El trabajador tiene derecho a laborar para otros patronos, salvo que se pacte exclusividad por cargos de dirección o protección de información confidencial.

Riesgos de incumplimiento:

• Conversión de Jornada: Si el trabajador excede las treinta y dos (32) horas semanales en promedio durante tres (3) meses continuos, la ley establece que el contrato se convierte automáticamente a tiempo completo.
• Prohibiciones de Sustitución: No se permite convertir unilateralmente un contrato de tiempo completo a parcial, ni contratar bajo esta modalidad a personas que ya desempeñaban las mismas funciones a tiempo completo en la misma empresa sin una causa objetiva verificable.

Consideraciones para la Gestión del Cambio Operativo

La integración de esta normativa en la estructura organizacional requiere una revisión de los contratos vigentes y de los sistemas de nómina para asegurar que los cálculos de proporcionalidad se ajusten a las fórmulas legales. La gestión documental y el monitoreo constante de los promedios de horas trabajadas son los mecanismos técnicos principales para mantener la vigencia de la modalidad y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral.

Links a los documentos:

• Ley de Empleo a Tiempo Parcial
• Decreto No. 45-2026

Analizamos cómo el arbitraje se ha consolidado como una alternativa clave para resolver conflictos comerciales de forma más rápida, especializada y confidencial, especialmente en un contexto donde el sistema judicial enfrenta importantes desafíos de mora y carga procesal.

Hablamos sobre:

- Cómo ha evolucionado el arbitraje en Honduras en los últimos años
- El impacto de la pandemia en la adopción de audiencias virtuales y tecnología
- Los cambios más relevantes del nuevo reglamento del Centro de Arbitraje de Cortés
- El rol de los árbitros, secretarios arbitrales y centros de arbitraje
- Qué sectores económicos utilizan más el arbitraje
- El panorama del arbitraje en Centroamérica
- Los retos y oportunidades del uso de inteligencia artificial en procesos arbitrales

Este episodio es clave para empresarios, abogados, inversionistas y gerentes legales que buscan entender cómo estructurar mejor sus contratos y resolver controversias de manera más eficiente.

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-Cómo inició la automatización del departamento legal con herramientas como Microsoft Power Automate

- El desarrollo interno de una plataforma LegalTech para dar trazabilidad y control a licencias, contratos y permisos regulatorios

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- El rol del abogado moderno frente a la IA: copiloto, no sustituto

- Las nuevas habilidades que deben desarrollar los abogados corporativos para trabajar con tecnología

Este episodio es clave para abogados corporativos, directores legales y líderes empresariales que buscan modernizar sus departamentos legales y aprovechar la tecnología como una inversión estratégica.

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• El origen de la Ley Bitcoin (2021) y la Ley de Activos Digitales (2023)
• El rol de la CNAD (Comisión Nacional de Activos Digitales) como ente regulador
• Proceso de licenciamiento y supervisión de emisores y proveedores
• La importancia de la integridad de mercado y mecanismos antifraude (KYC, AML, ciberseguridad)
• Emisiones públicas vs privadas y el papel de los certificadores
• Los beneficios fiscales de la tokenización frente a la banca tradicional

Este episodio es clave para reguladores, fintechs, abogados y empresas interesadas en entender el nuevo marco legal de Activos Digitales de El Salvador. 🔗 Suscríbete a Ley Abierta y acompáñanos en más conversaciones sobre derecho en la región.

En este episodio de Ley Abierta, conversamos con Edgar Gutiérrez, economista y actual gerente general de la Bolsa Centroamericana de Valores, sobre el marco legal, regulatorio y operativo que rige el financiamiento bursátil en Honduras.

Este episodio es una guía estratégica para abogados corporativos, gerentes legales y asesores financieros que quieren entender:

⚖️ El proceso legal para autorizar a una empresa como emisor
📑 Requisitos normativos ante la CNBS e Intendencia de Valores
📊 El rol de las casas de bolsa como agentes estructuradores y colocadores
🔎 La función de las calificadoras de riesgo y su impacto legal
📉 Cómo la Ley de Mercado de Valores limita el desarrollo actual
🟢 Nuevos instrumentos: bonos verdes, sociales y sostenibles
💼 Oportunidades para el derecho financiero y el gobierno corporativo

También discutimos la necesidad de una reforma integral a la Ley del Mercado de Valores, y cómo esta podría abrir nuevas vías de inversión, financiamiento público-privado, y desarrollo de instrumentos como fondos de inversión o titularización.

Si asesoras empresas, instituciones financieras o inversionistas institucionales, este episodio te brinda el contexto clave para entender y aprovechar el mercado de valores hondureño.

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🧠 Invitado: Edgar Gutiérrez
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🔍 ¿Qué cubrimos?

Cómo funciona E-Notario

Por qué la propiedad intelectual necesita una nueva forma de protección

El papel de blockchain en la certificación legal

Qué deben saber creadores, abogados y empresas sobre este cambio

Ideal para abogados, creadores de contenido y profesionales que entienden que la innovación también se defiende.

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Referencias

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Ley de Propiedad Industrial https://todolegal.app/laws/13-ley-de-propiedad-industrial

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Concentraciones económicas: ¿Cuándo una fusión se vuelve un problema?

Monopolios vs. Monosomios: ¿Quién domina el mercado: el vendedor o el comprador?

El proceso de investigación: Tiempos, etapas y criterios regulatorios.

Desde la teoría hasta los casos reales, este episodio es una guía esencial para entender el impacto de la regulación en la economía y los negocios. ¡Dale play y sumérgete en el mundo del derecho de la competencia! 🎧⚖️

Referencias

Ley Para La Promoción de la Competencia: https://todolegal.app/laws/101-ley-para-la-defensa-y-promocion-de-la-competencia

Sobre la Competencia en el Código de Comercio: https://todolegal.app/laws/2-codigo-del-comercio?query=competencia

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Exploramos:

• Procedimientos Municipales: Los pasos clave, las gerencias involucradas y los plazos legales establecidos.
• Tipos de Tributos: Diferenciación entre tasas, impuestos y contribuciones.
• Marco Normativo: Las leyes que regulan la gestión y resolución de procedimientos dentro de los municipios.
• Afirmativa Ficta y Negativa Presunta: Un análisis sobre la aplicación de estas figuras en el contexto municipal.

Un episodio imperdible para quienes buscan comprender el entramado normativo y práctico que sostiene la gestión pública local.

Referencias:

• Ley de Municipalidades https://todolegal.app/laws/28-ley-de-municipalidades
• Plan de Arbitrios SPS 2025 https://valid.todolegal.app/gaceta/honduras/plan-de-arbitrios-san-pedro-sula-2025/37143

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Referencias

• El Consorcio en la Legislación Nacional https://todolegal.app/search_law?query=consorcio
• Firma Legal https://cervantesherculesramos.com/
• Artículo Sobre el Consorcio https://cervantesherculesramos.com/2024/08/31/el-contrato-de-consorcio-en-la-legislacion-hondurena-y-su-aplicacion-en-la-contratacion-publica/

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